El gobierno de Salta entiende que la firma del protocolo en Oruro comporta un "reconocimiento a la integración de ese departamento boliviano a la ZICOSUR, en un momento de gran importancia para la comunidad de la zona, cuyo carnaval es Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO.
El documento contiene las bases y principios ambientales comunes sobre gestión y control, cooperación y coordinación interregional en gestión y control ambiental y compatibilización de contenidos de estudios de impacto ambiental.
En las fundamentaciones, las autoridades subnacionales reconocen que la temática ambiental debe estar presente en todos los procesos de desarrollo, ya que la naturaleza no diferencia fronteras y cualquier alteración o deterioro del medio ambiente repercutirá en los ecosistemas de las regiones miembros de la Zicosur.
Los gobiernos de las diferentes regiones que conforman la Zicosur deben, según el nuevo instrumento, contribuir a mejorar la calidad ambiental de su jurisdicción, "emitiendo políticas que fortalezcan la gestión ambiental sobre bases acordadas en el documento. Deberán compatibilizar las políticas regionales con las tendencias de la política del bloque en los temas relacionados con el medio ambiente, precautelando la soberanía y los intereses regionales".
También la planificación del desarrollo regional deberá incorporar la dimensión ambiental, "a través de un proceso dinámico, permanente y concertado entre las diferentes entidades involucradas en la problemática ambiental de cada región". El documento prevé que las regiones de la Zicosur apoyen la ejecución de programas y proyectos que tengan el propósito de preservar y conservar el medio ambiente y los recursos naturales en sus jurisdicciones.
Del mismo modo, la Zicosur, a través de la comisión correspondiente, promoverá tratados y acciones interregionales de preservación, conservación y control de fauna y flora de áreas protegidas, de cuencas y/o ecosistemas compartidos con uno o más regiones. Las regiones deberán adoptar como instrumento básico de la planificación ambiental, los mecanismos de coordinación y concertación intersectorial, interinstitucional e interregional.
Finalmente, el documento consagra el deber de todas las personas naturales o colectivas, públicas o privadas, que desarrollen actividades susceptibles de degradar el medio ambiente tomar las medidas preventivas correspondientes, informar a la autoridad competente y a los posibles afectados, con el fin de evitar daños a la salud de la población, el medio ambiente y los bienes.
