Es indudable que Pérez ha aplicado los mejores golpes en este combate, pero también lo es que sus contrincantes -lejos de estar al borde del knock out- le están plantando cara fieramente y devolviendo los mamporros, no sólo con amenazas de tinte mafioso sino con denuncias penales.
Un grupo de trece titulares de licencias del llamado transporte impropio de pasajeros ha formulado una denuncia contra Pérez y algunos funcionarios de la AMT por supuestas 'coacciones' que habría cometido aquel equipo gubernamental contra un puñado de blancas palomitas remiseras de Salta.
Al cambio, es como si Al Capone hubiera decidido en su momento denunciar a Elliot Ness ante el Fiscal de Distrito, a causa de que alguno de los Intocables ha comprado licor en sus abarrotes clandestinos.
Es, sencillamente, el mundo al revés.
La terrible amenaza que les habrían formulado Pérez y sus asesores consistió -según los denunciantes- en que les dijeron: "O denuncian ustedes a los funcionarios municipales que les facilitaron las licencias de modo irregular, o no les renovamos aquí el empadronamiento".
Trece remiseros y remiseras, con la firma de una sola de ellos, se sintieron agraviados por esta sugerencia y se presentaron ante la Fiscalía Penal 4ª de la ciudad de Salta para decirle a la señora fiscal que el pedido de Pérez es constitutivo de delito.
Cuestiones a tener en cuenta
Para que una acusación tan descabellada llegue a prosperar, son necesarias algunas condiciones fundamentales:La primera, que los denunciantes o la fiscalía consigan probar que, efectivamente, los funcionarios de la AMT exigieron determinadas condiciones previas al empadronamiento. Va a estar un poquito difícil.
La segunda, que tales condiciones previas no se encuentran previstas realmente en la normativa que rige el procedimiento administrativo de empadronamiento.
La tercera, que deberán acreditar que efectivamente no se los ha empadronado.
La cuarta, acreditar también que la AMT no les empadronó por venganza y no porque les faltaba realmente algún otro requisito legal.
La quinta, que esta particular exigencia esté prevista como delito en el Código Penal argentino, algo que es extremadamente dudoso.
La pizza, los secuestradores y los rehenes
Si los remiseros, que infringieron la ley como les dio la soberana gana, resulta que van a lograr que un juez procese a Adriana Pérez por un delito inverosímil (nadie niega un reempadronamiento a alguien que cumple todos los requisitos legales), estos abnegados trabajadores del volante harán historia en la jurisprudencia argentina.A partir de que consigan enredar a la ingeniera Pérez en un hecho ilícito que sólo existe en la remisera imaginación de los denunciantes, los malvivientes que atraquen una estación de servicio y tomen como rehenes a los playeros y a los automovilistas que allí acuden a cargar nafta, podrán denunciar a los policías que 'negocian' con ellos la liberación de los rehenes.
Si resulta ser que el jefe de las fuerzas especiales de rescate accede a llevarles la pizza y la cerveza que piden, los delincuentes luego podrán denunciar al jefe policial por 'negociaciones incompatibles con la función pública', por 'peculado', por 'incumplimiento de los deberes de funcionario público'; y si a cambio de la pizza y la cerveza el jefe pide que respeten la vida de los rehenes, también puede ser denunciado por amenazas, por coacciones, por acoso moral, por abuso de poder, por brutalidad policiaca y hasta por genocidio.
Lo mismo que un delincuente que es atrapado por una mujer policía que se hace pasar por prostituta y la denuncia no por ser policía sino por ser prostituta 'sin papeles'.
Parece que los remiseros de Salta están libres de pecado y por ello se consideran con derecho a lanzar la primera piedra.
Sería interesante que demostraran primero su voluntad de cumplir con la ley para después pretender ampararse en ella.
De lo contrario, su imagen pública queda a la altura de la de un Al Capone denunciando a Elliot Ness por tomarse un whisky en un oscuro mostrador de Chicago.
Para recordar
Adriana Pérez consiguió que los tribunales de justicia de Salta declararan la caducidad de un número importante de licencias de taxis y remises concecidas alegremente por la Municipalidad, a raíz de las graves irregularidades observadas en el proceso de adjudicación.Pérez defiende que las licencias de taxis y remises se otorgan para que sus titulares puedan tener una ocupación y una forma honrada de ganarse la vida, y no para que quienes han sido beneficiados con las licencias las vendan a grandes pulpos del transporte ciudadano.
El procedimiento iniciado por Pérez y otro que se instruye por denuncia del concejal Saravia siguen su curso, y un número importante de remiseros y de agentes municipales deberán responder ante la justicia por sus acciones.
La decisión de Pérez le está costando algunos sinsabores, pero cuenta con la simpatía de un vasto sector de la ciudadanía.
Pérez está haciendo esfuerzos por asegurar el imperio de la ley, pero los remiseros están empeñados en imponer la suya, incluso echándole un absurdo pulso al Estado.
