La primera de ellas, que la democracia precisa para su plena realización, no tanto de la existencia de los partidos políticos, sino más bien de un sistema abierto, estable, igualitario y competitivo de comunicación y de mediación política, que goce además de un aceptable nivel de institucionalización.
Es innegable que los partidos han venido desempeñando hasta aquí importantes funciones, no sólo en materia de comunicación y mediación, sino también en lo que respecta a la selección de las elites, la formación de opinión y la orientación del voto. Sin embargo, los cambios sociales, educativos y tecnológicos han propiciado un notable retroceso de los partidos políticos en estos terrenos, excepto -claro está- aquellos relacionados con su capacidad de postular candidatos a los cargos públicos electivos.
Este retroceso hace pensar que los partidos políticos actuales -en una amplia mayoría de casos- solo se sostienen, o justifican su existencia, por el monopolio que detentan en materia de postulación de candidaturas. Una posición de privilegio que -vale la pena recordar- viene impuesta por una ley que considera a los partidos políticos como los únicos agentes idóneos para sustentar públicamente las candidaturas.
La segunda matización se refiere a que los partidos políticos, tal cual los conocemos hoy, son evoluciones afortunadas de aquellas organizaciones medievales que nacieron para hacer posible la representación parlamentaria. Quienes consideran a los partidos como condición sine qua non de la democracia olvidan con frecuencia que los partidos políticos son instituciones preexistentes a las modernas democracias constitucionales y que, salvo excepciones muy honrosas, no han evolucionado al mismo ritmo con que lo han hecho los sistemas democráticos, y no digamos ya las demandas ciudadanas.
La tercera y última es que todas estas consideraciones no impiden reconocer que los partidos han desempeñado históricamente un rol muy importante en la concreción de la democracia representativa. Esto es tan cierto como que los mismos partidos han fracasado estrepitosamente a la hora de propiciar el tránsito desde una democracia puramente representantiva a una democracia plenamente participativa, en la medida en que sus estructuras, cerradas y oligárquicas, se erigen en barreras para la participación, la actividad y el compromiso cívico.
En resumen, que la identificación de los partidos políticos con la democracia parece aventurada y superficial. Y que para darse cuenta de ello bastaría con tener en cuenta que los totalitarismos que emergieron en el siglo XX fueron posibles gracias a la existencia de los grandes partidos políticos de masas.
En Salta
A pesar de estas evidencias, no falta en Salta quienes piensan todavía que los partidos políticos, su dinámica y su pluralidad, son magníficos indicadores de la buena salud de nuestra democracia.Nada más alejado de la realidad; pues si el verdadero calado de la débil democracia salteña pudiera ser medido por la calidad y eficiencia de su sistema de partidos, o por la equidad intrínseca de su sistema electoral, no habría más remedio que concluir en que la democracia no existe en Salta.
Afortunadamente, hay otros elementos de la realidad que impiden formular un juicio tan concluyente como este.
Sin embargo, es preciso darse cuenta de que el sistema de partidos políticos ha alcanzado en Salta un grado muy preocupante de descomposición y que esta situación requiere de actuaciones urgentes. Es necesario advertir -y mejor pronto que tarde- que la crisis y la dispersión de los partidos constituye una seria amenaza para lo poco que de bueno tiene nuestra democracia.
No hacen falta encuestas ni estudios empíricos para poner de relieve que los partidos políticos salteños no sólo han dejado de ser útiles a los ciudadanos, que desconfían de ellos, sino que, de un modo creciente y quizá ya irreversible, se han convertido en instituciones inútiles para los propios políticos, que también recelan de ellos hasta extremos casi surrealistas.
Esta situación podría ser explicable, y quizá susceptible de ser reconducida, si la crisis de confianza afectara a todos los partidos por igual.
Pero sucede entre nosotros que la impotencia partidaria alcanza ya niveles tan preocupantes, que el 90 por cien de las fuerzas legalmente reconocidas, cualesquiera sean su ideología y su audiencia electoral potencial, pugnan hoy por colocarse en la órbita del Partido Justicialista, que también es un partido débil y desestructurado, pero que -al menos- parece poseer la fórmula para ejercer el poder.
Si a ello le sumanos la encerrona de un sistema electoral rígido e inequitativo, que sustrae a los partidos minoritarios su capacidad de representación en las instituciones del Estado, la salida no puede ser más esquizofrénica: Ésta consiste en que las minorías se ven forzadas a apoyar a la cabeza del Partido Justicialista, sin discutir ni su poder ni sus ideas ni su programa, sin que les preocupen detalles menores como su propia identidad o su coherencia doctrinaria.
La solución es en extremo pragmática, pues una vez que se ha renunciado a discutirle al poder los temas importantes, por debajo lo que se intenta es justificar la propia existencia disputándole al PJ algunas magistraturas menores, como los escaños parlamentarios o los cargos municipales. Esta estrategia permite a las minorías, incluso, reivindicarse a sí mismas como 'opositoras', cuando la realidad demuestra todo lo contrario.
La herramienta para semejante despropósito son los 'frentes' asimétricos, las coaliciones electorales inestables que se forman para la ocasión sin una base programática común, a menos que se entienda como 'programa' la posibilidad de que algunos dirigentes políticos, desempleados de larga duración, puedan acceder a un cargo público de menor cuantía e influencia casi nula.
Este panorama irregular no hace sino propiciar y favorecer más irregularidades, como la primacía de los candidatos por sobre las estructuras partidarias, el creciente y cada vez menos controlado poder del dinero privado en la financiación de las campañas electorales públicas, la destrucción de la capacidad de acción colectiva de los ciudadanos, la virtual anulación del rol de los partidos políticos en el control horizontal de los actos de gobierno y la acentuación del egocentrismo y la miopía de los políticos.
La reconstrucción del sistema
Si, por las razones que fuera, no es posible ya (o no es conveniente) reconstituir el tejido partidario, los salteños deberíamos pensar en fórmulas para avanzar hacia la consolidación de aquel sistema abierto, estable, igualitario, institucionalizado y competitivo de comunicación y de mediación política de que hablamos al comienzo de este artículo, porque de su existencia y estabilidad depende el hacer posible o no la democracia.Cuando el sistema deja librado el ejercicio de la política a las 'herramientas' propias de los políticos, el riesgo es mayúsculo e inasumible. Los políticos disponen de incentivos más bien escasos para pensar más allá de las próximas elecciones y de su propio distrito electoral, y es por esta razón que afrontan serios problemas de coordinación, tanto para alcanzar los cargos públicos como para desempeñarlos.
Los partidos políticos salteños no solo son cada vez más pequeños (en estructura, recursos, afiliados y simpatizantes) sino que su órbita de acción territorial se ha venido estrechando también de forma preocupante. Los llamados "partidos nacionales" con estructura legalmente reconocida en el distrito ya no responden, ni quieren responder, a las directrices políticas nacionales; reivindican federalismos absurdos y tienden a operar como los viejos partidos provincianistas, desligados de compromisos con la unidad del Estado y la coherencia de determinadas políticas.
La legitimidad democrática en entredicho
Con estos mimbres se están urdiendo las próximas elecciones de abril de 2011.Cualesquiera sean el resultado o la transparencia del proceso electoral, así se instalen 5.000 urnas electrónicas, está claro que un proceso en el que los partidos solo aportan confusión y en donde los candidatos son capaces de saltar de boleta en boleta para impedir que los ciudadanos puedan evaluar a largo plazo sus trayectorias como políticos, solo puede arrojar, en términos cualitativos, un resultado escandalosamente antidemocrático.
Lo que equivale a decir que, con estos partidos y con este sistema electoral, las autoridades que surjan de las urnas en abril de 2011 tendrán una legitimidad democrática mucho menor que la de sus predecesores.
Y ésto no es poco decir.
