Lo que no parece ya tan razonable es que cuando los periodistas de oficio se convierten en funcionarios por su propia decisión, es decir, cuando pasan a ser sujetos del poder o personas que sirven a él de manera directa o indirecta, cada vez que se los critica por su trabajo, se escuden en la intangibilidad de la profesión periodística para defender, no ya su oficio de periodistas, sino su trabajo de funcionarios del poder.
Si el ejercicio de la profesión de periodista está sujeto, como cualquier otro, al escrutinio, a la suspicacia y a la crítica ciudadana, con mayor razón lo está el ejercicio de la profesión funcionarial, sea que ésta la ejerza un médico, un abogado, un arquitecto o... un periodista.
En otras palabras, que ser periodista del poder no comporta ser un superperiodista, es decir, no se justifica que un trabajador de la prensa añada al ejercicio de su oficio natural los privilegios que normalmente granjea una posición de poder.
Es comprensible que cuando un periodista del poder recibe ataques de cualquier naturaleza sus colegas de profesión cierren filas en torno a él; comprensible, pero no razonable.
Si el periodista-funcionario disfrutara, además del poder, de la tutela corporativa, nos encontraríamos frente a un fenómeno negativo, no solo para la profesión sino también para la democracia.
Quien ocupa una posición política en cualquier gobierno debe estar preparado para recibir críticas y para encajar los sinsabores del servicio público, sin buscar complicidades en sus corporaciones profesionales.
Esta regla vale tanto para los médicos, como para los abogados, para los ingenieros, para los periodistas e, incluso, para los magistrados.
Porque es igualmente asbsurdo y antidemocrático que un señor como el actual Procurador General de Salta, que dedica sus mejores horas a hacer política (aunque de la peor), reclame para sí la inmunidad a la crítica y que además sea capaz de obtener la complicidad corporativa sin apenas esfuerzo.
Como cualquier magistrado de la República, el señor Procurador General, en el ejercicio de su función (ya sea la que prevé la constitución o la coyunturalmente política que tanto le apasiona), está sujeto al control y a la crítica ciudadana, sea de forma directa, sea a través de los medios de comunicación.
Cuando un funcionario cualquiera que recibe críticas, sean éstas infundadas o no, piensa que en lugar de ataques personales está recibiendo ataques a "su investidura", se produce una peligrosa confusión entre el hombre y la función, un trasvasamiento del ego a las instituciones del Estado.
Cualquier persona, sea magistrado, sea periodista o sea cavador de zanjas municipales tiene derecho a defender su trabajo y su honorabilidad. Esta es la contrapartida al derecho de los demás a criticarlos. Lo que no se puede hacer, de ningún modo, es pretender cerrar el grifo de las críticas desplegando un escudo corporativo, sobre todo cuando los criticados son personas vinculadas al poder político.
