Al cumplirse 34 años de la fecha de su secuestro y desaparición a manos de fuerzas irregulares, trece días antes del golpe militar que destituyó al gobierno de Isabel Perón y tres años después de ser electo gobernador en elecciones populares, el gobierno de Salta recordó la figura de Miguel Ragone a la que rindió homenaje.

El concejal Carlos Saravia (UCR) ha presentado un proyecto de resolución que apunta a que el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Salta adhiera a la acción de amparo interpuesta por la Defensora Oficial  Natalia Buira, cuyo objeto es que la justicia ordene el cese en forma urgente en la vulneración de los derechos humanos fundamentales de los pacientes mentales internados en la colonia psiquiátrica Nicolás Lozano y el hospital neuropsiquiátrico Miguel Ragone de Salta.

Luego de que la Defensora Oficial Civil Nº 4 Natalia Buira interpusiera una acción de amparo contra el gobierno, en defensa de los derechos humanos de los pacientes mentales de Salta, han salido a la luz pública las lamentables condiciones en que el Estado presta su asistencia a estos enfermos.

Las autoridades de la Universidad Católica de Salta manifestaron a distintos medios su sorpresa y perplejidad tras haberse enterado por la prensa de la detención de un docente de esa casa, acusado por la justicia de haber cometido delitos de lesa humanidad.

Aunque el gobierno de Salta, por boca -nada menos- que de su Ministro de Derechos Humanos, haya pretendido satanizar el recurso de amparo interpuesto por la Defensora Oficial Civil Nº 4, en defensa de los derechos fundamentales de los pacientes mentales que la Salud Pública salteña mantiene en niveles de vida incompatibles con la dignidad humana, lo cierto es que dos de las pretensiones que contiene aquella acción de amparo comienzan a ser cumplidas espontáneamente por el gobierno, sin esperar a la resolución judicial.

El escaso tacto político y la deficiente formación jurídica del ministro Pablo Kosiner, han vuelto a quedar en evidencia, y esta vez de forma muy nítida, después de que cobraran estado público las duras descalificaciones que el funcionario dedicó a la defensora oficial civil Natalia Buira.

Un tribunal de la ciudad alemana de Nüremberg libró una orden de detención contra el dictador Jorge Rafael Videla por el asesinato de un ciudadano alemán durante la dictadura militar, informaron fuentes judiciales.

La Audiencia Nacional, tribunal con jurisdicción en todo el territorio español, que en materia penal juzga determinados delitos contra la Corona o miembros de Gobiernos, delitos de crimen organizado como terrorismo, narcotráfico, falsificación de moneda, y de delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando conforme a las Leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles, ha acordado hoy la extradición a la Argentina de Julio Alberto Poch, el piloto naval que supuestamente participó en los llamados vuelos de la muerte en los que oficiales de la marina de guerra argentina arrojaban vivos al mar a detenidos por la dictadura militar (1976-1983) que habían sido torturados en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

Hugo César Espeche, militar que se desempeñó en la Guarnición Militar Salta a mediados de los años setenta, y al que desde aquel entonces se responsabiliza de la matanza de once ciudadanos que se hallaban presos -algunos sin proceso judicial- en el penal salteño de Villa Las Rosas, volvió a ejercer su defensa ante el juez que investiga aquella operación, conocida como la masacre de Palomitas.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Salta y A.Lu.Di.S. (Asociación en la Lucha por la Diversidad Sexual) organizan un taller sobre trata de personas y Derechos Humanos, que se realizará el próximo día miércoles 16 a las 18 h en Galería Baccaro, Alberdi 53, 1º piso oficina 4, de la ciudad de Salta.