Junto al CELS, firman el escrito la Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), la Red de Familiares, Usuarios, Voluntarios. Estudiantes y Profesionales (RED FUV), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Red de Intercambio de Buenas Prácticas en el campo de los Servicios Sociales, de Salud de Base y Salud Mental, la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas en Situación de Vulnerabilidad (EQUAL - Mar del Plata), el Área de Discapacidad del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos "Alicia Moreau" (Mar del Plata), y la Cátedra Libre de Salud Mental y Derechos Humanos "Marie Langer" (Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata), quienes reclaman a la señora Lapad que "sostenga la acción iniciada por la defensora oficial".
Entienden estas organizaciones especializadas que debe ponerse fin a las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas en su amparo por Buira y que consisten en la segregación y el aislamiento con obstaculización del mantenimiento de los lazos sociales, la falta de tratamientos de rehabilitación, las deficientes condiciones de alojamiento, seguridad e higiene, la falta de debido proceso en internaciones extendidas por muchísimos años sin las correspondientes revisiones periódicas y la utilización de apodos discriminatorios y ridiculizantes. Todo ello, en directa violación del derecho a la identidad, a la integración en la comunidad, a la salud, a la integridad personal y a la libertad ambulatoria, entre otras que afectan no sólo a los derechos fundamentales de la persona sino a los derechos básicos de los pacientes.
En su escrito, las organizaciones firmantes consideran "fundamental" que el Ministerio Público de Salta sostenga este amparo iniciado ante el juez de la Sala V de la Cámara Civil y Comercial, Mario D'Jallad, pues entienden que la situación de la salud mental en la Provincia -así como en muchos otros distritos del país- "requiere de un remedio colectivo que comprometa a todos los actores involucrados".
Destacan también el importante rol del Ministerio Público como "contralor y defensor" de los de derechos de las personas con discapacidad mental, así como que el ejercicio de sus funciones en esta temática "constituye una herramienta esencial para fortalecer e incluir socialmente a este grupo vulnerabilizado mediante el mejoramiento de su acceso a la justicia y el goce efectivo del derecho de defensa".
El escrito pone de manifiesto también la importancia del control judicial sobre la situación de las personas internadas en centros psiquiátricos y la necesidad de fomentar acciones tendentes a transformar el sistema de salud mental.
Entre estas acciones, destaca la necesidad de desinstitucionalizar a las personas que se encuentran asiladas, en paralelo con el diseño y ejecución de un plan provincial de salud mental que sea respetuoso de los estándares internacionales y, en especial, del modelo social de la discapacidad propiciado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Finalmente, las organizaciones firmantes afirman que el cambio deberá sostenerse con un presupuesto adecuado que tienda a la pronta implementación de servicios sanitarios basados en la comunidad, a la atención en hospitales generales y a la internación como último y excepcional recurso.
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