Falú, que era abogado, había dedicado buena parte de su vida al periodismo, llegando a ser el primer director del diario El Tribuno de Salta, órgano oficial del Partido Peronista de Salta, hasta su expropiación en 1955 por la llamada Revolución Libertadora.
A modo de homenaje a su memoria, Iruya.com publica a continuación un breve texto titulado "Memorias Políticas", que contiene un resumen de las conversaciones mantenidas en 2010 por Falú con el periodista y escritor salteño Gregorio Caro Figueroa.
“Memorias políticas” Doctor Ricardo Falú
Desde hace algunos años, venía escribiendo cartas a supuestos nietos en un intento de publicarlas porque tenía el propósito de mostrar las costumbres y los valores que regían en aquellos tiempos de mi niñez y juventud los que ahora, más de 80 años después, son tan disímiles y no puedo asegurar que sean mejores.Cuando terminé de escribirlas resolví no publicarlas porque, me dije, que a nadie podía interesar el relato de mi vida y las circunstancias que la rodearon. Tampoco la trayectoria, dificultades y pequeños triunfos que no tienen mayor significación.
Por ello es que ahora he querido hacer pública una pequeña memoria personal sobre mi actuación en política, que ha sido siempre la pasión que ha guiado mi conducta.
Lo hago como un modesto aporte a la historia de nuestro país, particularmente cuando relato mis decisiones como diputado nacional peronista, en los años 1973 a 1976, frente al accionar de los grupos armados de izquierda y también frente al terrorismo de Estado que se usó para derrotar a aquél.
Pero antes de llegar a mi actuación como diputado nacional, elegido en la boleta del Partido Justicialista de Salta, quisiera relatar cuáles eran mis inquietudes juveniles.
De los tres varones hijos de don Juan Falú y de doña Fada Falú de Falú, Alfredo fue el mayor de ellos. Además de un moralista absoluto era, también, una especie de filósofo lo que no excluía su capacidad y sus virtudes como brillante artesano y también poeta.
Pero Alfredo quiso incursionar en política sin realismo alguno aceptando, nada menos, una candidatura a senador provincial por un departamento del interior en la Provincia de Tucumán, representando al Partido Conservador Popular.
Por supuesto que los candidatos que respondían a la central obrera y a la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA) ganaron por amplio margen esas elecciones.
Como consecuencia de ello Alfredo no actuó más en las lides políticas y se dedicó a sus funciones de profesor de Derecho y de magistrado en un tribunal laboral.
Por su parte Eduardo, que es el menor de los hermanos, se había entusiasmado con una guitarra que Alfredo compró para dar serenatas a su novia. Fue tal su entusiasmo que, a escondidas de nuestro padre, tocaba día y noche los acordes que había aprendido. Cuando mejoró en el manejo del instrumento nos sorprendió con un “concierto” que dio en el Colegio Salesiano Ángel Zerda.
Su prestigio fue en aumento. Después se presentó en LV9 Radio Provincia de Salta, emisora oficial. Primero lo hizo como solista y luego formando un dúo con César Perdiguero. Más tarde ambos viajaron a Buenos Aires y fueron contratados por Radio El Mundo. Años después Perdiguero regresó a Salta y Eduardo continuó actuando en Buenos Aires en salones y confiterías adquiriendo cada vez mayor adhesión del público.
Pronto, tanto por el manejo de la guitarra como por su voz y su actuación como intérprete en escenarios públicos y su labor como compositor, añadió su vinculación artística con Jaime Dávalos, extraordinario poeta salteño. Al poco tiempo sus temas comenzaron a triunfar. Ejemplo de ello son la zamba “La Candelaria” y, más tarde, otras bellas piezas de alta calidad musical y literaria. Esa alianza entre música y poesía abrió camino al folklore salteño.
Eduardo siguió logrando resonantes éxitos, además de Argentina, en España, en Japón y en países de Europa central. Quedó consagrado como un gran intérprete, además de haber participado en composiciones que tuvieron gran resonancia y que no puedo mencionar ahora por razones de brevedad.
En cuanto a mis propias inquietudes, que no transitaban precisamente por el camino de las artes ni los de las ciencias, ellas encontraron cauce en la política. Inicié ese camino cuando era un muchacho de veinte años. Lo hice después de angustiosas meditaciones sobre cual era el rumbo que debía tomar.
Recuerdo que en esos años de 1940 estaba trabajando como reportero en el diario “La Provincia” de propiedad de dos distinguidos señores de filiación conservadora y nacionalista, influenciados por el falangismo español y por las ideas de José Antonio Primo de Rivera.
No sabía hacia donde encaminar mis pasos: no estaba de acuerdo con los conservadores; tampoco me atraía el radicalismo y, mucho menos, la Alianza Libertadora Nacionalista. En todo caso, miraba con respeto al socialismo de Juan B. Justo y la actuación de los legisladores socialistas en el Congreso de la Nación.
En el año … me trasladé a la Ciudad de Tucumán para iniciar mis estudios en al Facultad de Derecho de esa Universidad. A poco de llegar, conseguí un modestísimo empleo en el diario “El Orden”, importante vespertino, por ese entonces venido a menos, fundado en el año 1883 y cuyos dueños, en los años de 1940, eran dos hermanos judíos, José Ricardo y Julio M. Rosenvald.
Trabajaban también allí como reporteros o cronistas, mi hermano Alfredo, Fernando Papi (el “loco” Papi), un muchacho Giménez de Tucumán y otros más. Todos tenían un jornal de $4 diarios. A mí se me había asignado un salario de $3 por día. Como éramos estudiantes, esa retribución nos alcanzaba para pagar el alquiler de una pieza, tomar el desayuno, comer en “La Parra” por $0,50 y todavía nos sobraba algún dinero.
En esos años la Provincia de Tucumán estaba gobernada por el abogado Alberto Baldrich, interventor federal designado por las autoridades nacionales que surgieron del golpe militar del 4 de junio de 1943.
Su gobierno comenzó a hostilizar al diario “El Orden” al que, luego de una campaña en su contra, procedió clausurarlo, probablemente con el propósito de expropiarlo y para después ponerlo al servicio de la política de Baldrich. Recuerdo que durante los dos o tres meses que duró su clausura “corrimos la liebre”, como se dice vulgarmente.
Un buen día se nos convocó a todo el personal del diario. Nos reunieron para escuchar la propuesta de un funcionario enviado allí para leernos el texto de una declaración con falsas acusaciones y duras críticas a los dueños del diario y a su línea editorial. Se pretendió que ese escrito, redactado por el gobierno, lo firmara todo el personal.
Cuando la persona que leía ese texto - que debía publicarse como solicitada- terminó de hacerlo, el personal guardó un profundo silencio. Fue entonces cuando, tal vez llevado por impulsos juveniles y sin medir las consecuencias que podían tener mis palabras, rompí el silencio y dije con indignación: “El que firme eso será un hijo de puta” y me fui. Nadie firmó el escrito y, poco después, se levantó la clausura de “El Orden”, que años después dejó de aparecer, por otras razones, como el decano del periodismo tucumano.
Poco antes de que “El Orden” desapareciera, aprobé un examen que me permitió ingresar como “pinche” en la Delegación Regiona de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación. Cuando ingresé allí me destinaron a la sección Accidentes de Trabajo. Desde ese lugar comencé a seguir con interés la acción política que desarrollaba el coronel Juan Domingo Perón.
Cuando viajó a Tucumán, en una visita organizada por la FOTIA, fue recibido por una multitud que se reunió en la Plaza Independencia, y que aquel día se colmó con sus adherentes. Muchos se treparon a los árboles para seguir el acto que desbordó esa plaza principal, ocupando varias calles adyacentes. Ante esta masiva demostración, me pregunté si no debía adherirme a ese potente movimiento en gestación.
Más tarde se produjo el 17 de octubre de 1945. Entonces mis iniciales dudas dieron lugar a una firme convicción que, desde entonces, me acompañó. Entendí que el movimiento liderado por Perón interpretaba y resumía las más profundas aspiraciones de nuestro pueblo y las expresaba en sus tres banderas: soberanía política, independencia económica y justicia social. A ello se añadía la promesa de terminar con el fraude electoral.
Fue entonces que formé junto a otros estudiantes de la Facultad de Derecho la Agrupación Laborista Pro Candidatura del coronel Perón. Esta decisión marcó el comienzo de mi actuación política dentro del movimiento justicialista.
Sin embargo, tanto mi hermano Alfredo como un señor Vázquez, que estaba al frente de la Delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, me aconsejaron –o más bien, me pidieron- que dejara esa agrupación y adhiriera al Radicalismo Yrigoyenista que también apoyaba la candidatura de Perón.
Por una especie de respeto a la opinión de mi hermano y de Vázquez, adherí al Radicalismo Yrigoyenista que en Tucumán no tenía la fuerza necesaria para ganar las elecciones. Los que se mantuvieron en la agrupación que yo mismo había formado, obtuvieron candidaturas a diputados provinciales por el Partido Laborista y cargos importantes en el gobierno que triunfó en las elecciones del 24 de febrero de 1946.
Aquella fue mi primera derrota política que la atribuyo a mi “obediencia debida” a los consejos de terceros. En ese momento me dije que en el futuro debía obrar siguiendo mis propias convicciones.
Continué entonces trabajando como “pinche” en la sección Accidentes de Trabajo de la Delegación Regional de Trabajo y Previsión. Al poco tiempo comencé a asumir otras funciones. Primeros me nombraron encargado de una dependencia denominada Acción Social Directa que debía entender en los conflictos colectivos de trabajo. Felizmente tuve allí algunos éxitos que me valieron cierto prestigio, al resolver tres o cuatro conflictos en los que logré el avenimiento de las partes. Pero hubo otras cosas en las que mis esperanzas de lograr un arreglo no dieron resultado y fracasé en mis intentos.
No recuerdo bien en qué fecha fue nombrado Delegado Regional el doctor Jorge Zavallo, abogado de Buenos Aires que rápidamente conquistó al personal con su simpatía. Nos hicimos amigos y después de actuar de consuno en los problemas laborales de Tucumán fue designado Delegado Regional en la Provincia de Jujuy.
Fue entonces cuando nos pidió que lo acompañáramos al “Pichón” Terán, un entrañable amigo y bellísima persona, y a quien esto escribe.
Cumpliendo con nuestras funciones recorrimos toda la Provincia de Jujuy y pudimos conocer entonces las minas Pirquitas y Aguilar y los pueblitos de la Puna jujeña, además de obtener soluciones a los conflictos que se producían en los ingenios azucareros de esa provincia.
Recuerdo un amigo muy inteligente, el abogado Esteban Rey (el “loco) quien había trabajado como periodista en el diario “El Intransigente” de Salta. Con Rey habíamos compartido las crónicas de las reuniones legislativas de senadores y diputados. Más tarde se recibió de abogado y lo encontré en Jujuy actuando políticamente en el Partido Socialista junto con el abogado Hugo Genaro Brizuela (“vinchuca”), que entre los años 1973 y 1976 fue senador nacional, por el Partido Justicialista de su provincia.
Inmediatamente que Zavallo fue designado alto funcionario de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación y regresó a Buenos Aires. A poco de asumir sus nuevas funciones me designó Delegado Regional en Salta, cuando ejercía la gobernación el doctor Lucio Alfredo Cornejo, quien ostentaba el título de primer gobernador de Salta electo por el peronismo.
Confieso que tuve el propósito de realizar una importante gestión con los gremios obreros de Salta procurando lograr un entendimiento de éstos con los empresarios, lo que así ocurrió. Por mi parte pretendía, además, explotar tales éxitos políticamente para tener una buena imagen y un respaldo electoral con miras a lograr mi candidatura a gobernador de la Provincia.
Contaba para ello con el apoyo del diario “Norte” de propiedad de Juan Carlos Cornejo Linares, hermano del gobernador. El diario “Norte” publicaba todas las resoluciones que dictaba como Delegado Regional, además de informar sobre las adhesiones que mi gestión recibía por parte de la inmensa mayoría de los sindicatos obreros.
Por mi iniciativa el gobierno del doctor Lucio Cornejo dictó el Decreto Nº instituyendo el Libro de Registro Único para que todos los dependientes de las empresas estuvieran registrados en cuanto a sus funciones laborales, horarios, antigüedad y demás datos de su relación laboral.
Sin embargo, el Sindicato de Obreros del Azúcar del Ingenio San Martín de El Tabacal que estaba en manos de dos dirigentes –Gómez y Delgado-, respaldaban la candidatura a gobernador del abogado Alfredo Ladrú Arias, tenaz opositor al gobernador Lucio Cornejo y muy crítico de mi gestión quien atribuyó, falsamente, una alianza política con el gobernador Cornejo.
Poco tiempo después, obreros el Ingenio El Tabacal y un sector de los dirigentes sindicales, realizaron una marcha y una manifestación en contra del gobierno de Cornejo en el centro de la Ciudad de Salta. Los manifestantes pedían cambios en la orientación del gobierno y la remoción de varios de sus funcionarios. En apoyo a esas demandas la CGT local convocó a un paro general de actividades para el día 18 de abril de 1949.
Esto dio lugar a nuevas manifestaciones en el centro de la ciudad. De ellas participaron los sindicatos y partidos de la oposición – incluyendo al Partido Laborista- que fueron reprimidas por la policía.
El tiroteo dejó cuatro muertos y alrededor de cuarenta heridos. A finales de mayo el gobernador Cornejo debió renunciar a instancias de Perón, salida que evitó que se enviara un interventor federal a Salta, quedando a cargo del gobierno don Emilio Espelta, presidente del Senado.
Por esta situación de la Provincia me llamaron de la Secretaría de Trabajo y Previsión en Buenos Aires y me pedieron la renuncia. La presenté y me quedé sin trabajo, sin dinero y sin poder movilizar a los gremios que respaldaban mi gestión.
Ante esta situación decidí regresar a Tucumán para continuar mis estudios en la Facultad de Derecho. Allí comencé a trabajar en el estudio de mi hermano Alfredo quien, generosamente, me dio un trabajo que me permitiera sostener a mi familia.
En eso estaba cuando recibí otra llamada de las autoridades de la Secretaría de Trabajo. Viajé a Buenos Aires a pedido del entonces ministro de Trabajo de la Nación, el sindicalista José María Freyre.
Fui a verlo. Conversamos y luego me dijo que me designaría otra vez como Delegado del Ministerio de Trabajo en Salta. Al escuchar esto le pregunté “¿por qué me habían echado antes?”. Me respondió: “Por orden de arriba”. Luego le volví a preguntar: “ahora, por qué me nombran de nuevo”. Y contestó: “Por orden de arriba”.
¿Qué había ocurrido? Que poco después de mi cesantía, el presidente Perón había enviado a Salta al doctor Fernández Unsain al que encomendó elaborar un informe sobre la situación política en la Provincia. El enviado por Perón informó, refiriéndose a mi persona, que el Delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación gozaba de gran ascendiente en los gremios de la provincia y que había aplicado una multa al diario “El Intransigente” porque había aparecido en uno de los días en que no debía hacerlo. Fernández Unsain informó que al abogado de “El Intransigente” lo habían nombrado en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Al conocer estos hechos, Perón se indignó y le dijo al general Franklin Lucero: “Dígale al ministro Freyre que a Falú lo vuelva a colocar donde estaba y que eche a ese otro abogado”. Sin embargo, cuando me disponía regresar a Salta para reasumir mis funciones, me informaron que esa designación no se produciría. Según me explicaron este cambio de criterio se produjo por las presiones de la FOTIA que pidió a Eva Perón que trabara mi designación, lo que así ocurrió.
Más adelante recibí una llamada telefónica de Salta del señor Jaime Durán. Me preguntó si yo podía organizar un diario que contrarrestara la prédica opositora de “El Intransigente”. Le contesté afirmativamente.
Pocos días después viajé a Salta con el señor Livingston, quien sería luego administrador del nuevo diario y organizamos su salida. En agosto de 1949 editamos el primer número de ese matutino en tabloide, al que impuse el nombre de “El Tribuno” y del que fui su primer director y Livingston su administrador.
Conté con la colaboración de periodistas conocidos en Salta. Entre otros, José Luna Espeche y don José María Mirau redactaba las notas editoriales.
No recuerdo bien cuando se produjo un incidente con el diario “Norte” a raíz de un pedido que hizo para que “El Tribuno” le prestara una bobina de papel. Sin mi conocimiento, el administrador Livingston denegó ese pedido lo que provocó la reacción de los directivos de “Norte” que no sólo atacaron a “El Tribuno” y a Livingston sino también a mí, pese a que hasta ese momento ignoraba lo ocurrido.
Era evidente que este enfrentamiento era producto del resentimiento de su director, Juan Carlos Cornejo. A la mañana siguiente del ataque en un artículo de “Norte”, tuve un incidente con el periodista Juan Emilio Marocco quien, a instancias de Cornejo y de Tomás Ryan, me mandó los padrinos retándome a duelo.
En lugar de pedirle disculpas a Marocco por mi reacción violenta, como correspondía, acepté el lance caballeresco y me batí con él en duelo a sable en San Lorenzo.
Poco después, sin conocer yo los motivos, el señor Jaime Durán que era uno de los tres accionistas de “El Tribuno”, me pidió que renunciara como director de ese periódico. Así lo hice y tuve que regresar otra vez a Tucumán.
Transcurrieron algunos meses y me llamaron nuevamente para pedirme que nuevamente me hiciera cargo de la dirección del diario, funciones que ejercí hasta finales de septiembre del año 1955, uno o dos días después de la caída de Perón, ya que el diario fue clausurado por el gobierno de facto.
Ese día había escrito una nota editorial que publicamos en primera plana titulada “No hay revolución sin pueblo”. En ese artículo sostuve que el movimiento peronista no podía ser destruido por golpes de Estado.
De inmediato, el diario fue clausurado y luego confiscado por el gobierno. Otra vez quedé en la calle, sin trabajo.
Con mi esposa resolvimos vender nuestra casa de avenida Uruguay, cuya construcción estaba casi terminada. Pudimos hacerla con un préstamo del Banco Hipotecario Nacional que se otorgaba a todo el mundo. Con el dinero que cobramos por esa venta, que se concretó a un precio menos que su valor, pagamos nuestras deudas con el constructor y otras que teníamos.
Nos quedó un saldo de $4.000 que nos permitió trasladarnos con nuestros hijos a Tucumán donde llegué decidido a terminar mi carrera de Derecho, interrumpida con tercer año concluido. Fuimos a alojarnos como pensionistas a casa de mis suegros, el ingeniero Carlos Camps Miró y su esposa, Sabina Cuello Elías.
Cuando llegué le dije a mi suegra: “Doña Sabina, aquí tiene $4.000 como pago de diez meses de pensión, a razón de $400 por mes. Pienso terminar mis estudios de abogacía en esos diez meses”.
Estaba dispuesto a hacerlo, asumiendo ese compromiso. Estudiaba mañana, tarde y noche. Tomaba mucho mate amargo para mantenerme despierto. Consultaba y leía tratados, no apuntes, de cada una de las materias que debía rendir. Rendí como alumno libre. Creo que logré estar bien preparado y con conocimientos de cada uno de los temas.
Hice ese esfuerzo por mi familia y porque no podía concebir que, siendo un estudiante con más años de edad que la mayoría de mis compañeros, fuera aplazado en algún examen frente a esos otros estudiantes mucho más jóvenes.
No me pude recibir en diez meses y los recursos para seguir como pensionista se habían agotado. Arrendé entonces una hectárea de tierra en Burruyacú, en la Provincia de Tucumán. Pensaba destinar ese campo a producir semillas. Con ese contrato pude obtener un crédito del Banco de la Nación que el gobierno peronista había instituido para los agricultores arrendatarios. Debo confesar que ni siquiera planté una semilla, pero pagué el crédito del banco.
Lo cierto es que me gradué de abogado en el año 1957. La última materia que rendí fue Derecho Internacional Privado. Ese día volví a casa con un fuerte resfrío y me metí en cama dos o tres días porque, además, estaba afectado de anemia.
Obtenido mi título de abogado decidí regresar a Salta para abrir mi estudio y continuar allí mi actuación política. Me asocié a otro colega y amigo, Luis Chagra. Trabajamos intensamente en la profesión, en asuntos civiles, comerciales y laborales, obteniendo éxitos tanto en las acciones promovidas como en la percepción de honorarios.
Recuerdo que en pago de alguno de mis honorarios recibí como retribución, nada menos, que una estancia denominada “Talapampa”. Como no tenía verdadera conciencia del valor de ese campo, consulté a un agricultor amigo sobre esto. Según él ese campo no tenía demasiado valor, razón por la cual decidí venderlo a unos médicos de apellido Abdo, de la Clínica Cruz Azul. Lo vendí tan sólo por el importe de mis honorarios, suma que recibí en efectivo.
Realicé esa venta a instancias del doctor Miguel Ragone, a quien me unía una estrechísima amistad y con quien compartíamos luchas políticas. Un día informé a través de los periódicos locales que había decidido constituir una línea política interna del Partido Justicialista, distinta a la que lideraban Juan Carlos Cornejo Linares, J. Armando Caro y Tomás Ryan. Entre los primeros que respondieron a esa convocatoria ofreciéndome apoyo estaban el doctor Ragone y el ex senador nacional por Salta, doctor Ernesto F. Bavio, figura promitente del peronismo que ocupó la presidencia provisional del Senado de la Nación en el año 1946. A Bavio le tocó tomar juramento a Perón cuando éste asumió su primera presidencia el 4 de junio de ese año.
Tal era la confianza que tenía yo en la conducta de Miguel Ragone que, varios años después, cuando compré un campo en Coronel Olleros que lo explotaba fabricando carbón - con mala suerte- lo vendí a uno de los hijos de Ragone, a pedido de éste. Cometí un grave error en vender esos campos que, por entonces, no tenían mucho valor. Pero lo hice porque necesitaba dinero para sostén de mi familia.
Cuando me recibí de abogado gobernaba el país, como presidente de facto, el general Pedro Eugenio Aramburu. El peronismo había sido proscrito, estaban encarcelados o en el exilio muchos de sus dirigentes, sus bienes habían sido confiscados, regía el Decreto 4161 que prohibía usar los símbolos peronistas y mencionar el nombre de Perón.
En Salta, como en todo el país, hacíamos reuniones políticas clandestinas, leíamos las directivas de Perón o escuchábamos las cintas grabadas por él y confiábamos en que –algún día- regresaría al país.
Cuando ya se estaban enfrentando las elecciones generales para suceder al gobierno de facto de Aramburu, convocadas para febrero de 1958, tuvimos en Salta una discusión muy apasionada con mi amigo, el doctor Armando Caro y otros dirigentes que sostenían la creencia de que nuevamente Perón ordenaría votar en blanco, como lo había hecho en julio de 1957, en la elección de convencionales constituyentes.
Por mi parte, consideraba que ello sería un absurdo porque el voto en blanco aseguraría el triunfo del radicalismo unionista, lo que era el objetivo de la dictadura.
Viajamos entonces a Buenos Aires y nos entrevistamos con Guillermo Manzione, excelente persona y hermano de Homero Manzi autor de tangos que trascendieron por su valor artístico. Manzione había sido interventor del Partido Peronista en Salta. Sin embargo, éste adhirió a la posición de que el peronismo votaría en blanco.
Por mi parte, tenía la absoluta convicción de que apoyaría a otra fuerza política. Cuando ya estaba de regreso a mi provincia, y antes de llegar a la ciudad de Salta me enteré por los diarios de Buenos Aires que Perón había ordenado votar por la candidatura del doctor Arturo Frondizi. Los hechos me dieron la razón. En Salta resultó electo gobernador don Bernardino Biella, candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI)
Recuerdo que Biella, antes que se conociera esa orden de Perón, me ofreció algún cargo importante en su futuro gobierno. Le contesté que mi respuesta estaba sujeta a lo que el Partido Justicialista decidiera. Conocida la orden de Perón y producido el triunfo de la UCRI en casi todo el país, no tuve participación en el nuevo gobierno local. Esto fue lo que ocurrió con todos los dirigentes peronistas de Salta.
El gobierno nacional había convocado a elecciones a gobernador y para renovación parcial del Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales para el 18 de marzo de 1962. El peronismo seguía impedido de participar en las elecciones: no podía usar el nombre de Partido Peronista ni el de Partido Justicialista. Tampoco podía usar la foto de Perón y otros símbolos, aunque la gente volvió a cantar la Marcha Peronista.
En Salta el peronismo proclamó como candidato a gobernador a Dante Lovaglio y a Tomás Ryan para vicegobernador. Al estar proscritos el Partido Peronista y el Partido Justicialista, se presentó a elecciones con la boleta del Partido Laborista. El 18 de marzo de 1962 obtuvo casi el 48% de los votos. Entonces regía el sistema de elección indirecta.
El Colegio Electoral era el que elegía al presidente y vicepresidente de la República y el gobernador y vicegobernador de la Provincia. Lo que ocurrió es que la justicia electoral impugnó a los electores del peronismo, a los que no se les permitió integrar el Colegio Electoral.
El Movimiento Federal Democrático (M.F.D.), nuevo partido fundado por el doctor Ricardo Joaquín Durand, obtuvo el 36% de los votos, o sea 12 puntos menos que el peronismo. Pero como la justicia no impugnó a los electores que apoyaban la candidatura a gobernador del doctor Durand, éste sería el más votado en el Colegio Electoral. Al anularse esas elecciones, ninguno de los electos asumió sus cargos ejecutivos y tampoco sus bancas legislativas.
Los candidatos del peronismo obtuvieron un contundente triunfo con las diferentes siglas con las que participó en esas elecciones. Conocidos los resultados, la euforia duró pocas horas pues los mandos militares hicieron saber a Frondizi que no aceptarían el regreso del peronismo. La intensa presión militar concluyó con la destitución de Frondizi, el desconocimiento de los resultados electorales y la apresurada toma de posesión de la presidencia por el doctor José María Guido, vicepresidente provisional del Senado, dirigente radical de Río Negro.
En todo el país, los candidatos electos del peronismo intentaron asumir sus cargos y ocupar sus bancas. En la Provincia de Buenos Aires había triunfado el binomio Andrés Framini y Francisco Marcos Anglada. El gobierno envió a las sedes de las legislaturas a efectivos policiales que lanzaron gases lacrimógenos y agua a los electos. Meses después el país asistía al enfrentamiento de dos sectores militares: los “colorados”, antiperonistas con fuerte apoyo en la Marina y los “azules” que se definían como “legalistas”, partidarios de la Constitución y las leyes.
El triunfo de los “azules” permitió que el presidente Guido convocara a elecciones generales, las que se realizaron el 7 de junio del año 1963. En esa oportunidad el peronismo no presentó candidatos a presidente y vice de la Nación, aunque si hubo presencia de candidatos a gobernador por partidos definidos como “neo peronistas”, distantes de la conducción de Perón o renuentes a aceptarla.
El peronismo en Salta, con la sigla del Partido Laborista, postuló la fórmula Dante Lovaglio – Olivio Ríos. El peronismo volvió a ganar las elecciones en Salta, con el 34,9%, superando al doctor Durand que obtuvo el 27,2%. Pero tampoco entonces los candidatos a la gobernación por el peronismo pudieron ser electos, pues la justicia volvió a impugnar a sus electores. De este modo, el doctor Durand, fue electo gobernador de la Provincia por segunda vez, asumiendo esas funciones en octubre de 1963.
Tres días antes de esas elecciones, se conoció una orden de votar en blanco, que fue acatada en Salta sólo por un sector del peronismo, principalmente de la Juventud Peronista. La mayor parte de los dirigentes decidió concurrir a esas elecciones, en la que el peronismo logró un importante número de legisladores nacionales y provinciales.
En Salta, por primera vez, después de 1955, ingresaban a la legislatura provincial legisladores peronistas. También lo hicieron representantes de Salta al Congreso de la Nación. Por un acuerdo entre el peronismo y la Unión Cívica Radical del Pueblo, fueron electos senadores nacionales Dante Lovaglio y Miguel Ángel Martínez Saravia. A la Cámara Diputados de la Nación ingresaron Roberto San Millán y Armando Caro.
Los gobiernos de Illia y de Durand en Salta estuvieron condicionados por las presiones militares las que se acentuaron a comienzos del año 1966, en vísperas de la convocatoria a elecciones para renovar una parte del parlamento. El 28 de junio de ese año un bando militar anunció el derrocamiento de Illia, que fue expulsado esa madrugada de la Casa Rosada por un escuadrón de la Policía Federal.
Las radios anunciaron que el ex comandante en Jefe del Ejército, teniente general Juan Carlos Onganía, asumía la presidencia de la Nación amparado en el llamado Estatuto de la Revolución Argentina y apoyado por las tres fuerzas armadas. Onganía clausuró el Congreso, suspendió garantías constitucionales, destituyó a los ministros de la Corte Suprema, prohibió la actividad política, intervino las universidades nacionales y anunció el inicio de la Revolución Argentina.
En abril de 1968 el gobierno de Onganía designó gobernador de Salta al ingeniero Hugo Alberto Rovaletti. Ese gobierno no denominó “interventores federales” a los designados por el Poder Ejecutivo Nacional: los llamó “gobernadores”. El ingeniero Rovaletti, excelente persona, pertenecía al conservadorismo de Salta.
Había sido mi profesor de Matemática en el Colegio Nacional. A poco de asumir, me llamó a su despacho y me ofreció el cargo de Ministro de Gobierno. Le agradecí esa distinción pero le dije que no podía aceptar el cargo por razones de principio, ya que el gobierno de Onganía había derrocado un gobierno constitucional y había disuelto los partidos políticos.
Al creciente malestar estudiantil se añadió el descontento social y la oposición política y de los gremios agrupados en la CGT de la Argentinos liderada por Raimundo Ongaro, enfrentada a la CGT oficial definida como “participacionista” por su actitud de colaboración con el gobierno de facto. La situación se agravó en el año 1968 y 1969, año en el que estalló el “cordobazo”, con manifestaciones callejeras de estudiantes a las que se sumaron sindicatos y partidos políticos.
El 29 de mayo de 1969, el Día del Ejército y un año después del “cordobazo”, que se cobró varios muertos, un grupo de personas jóvenes secuestró de su departamento en pleno centro de Buenos Aires al ex presidente Pedro Eugenio Aramburu, al que posteriormente mataron en una quinta de la Provincia de Buenos Aires. La gravedad del episodio fue el detonante de la reacción militar que culminó en la destitución de Onganía, a cuyo ministro del Interior se acusó de pasividad y hasta de complicidad con los captores de Aramburu que firmaron su sentencia de muerte con el nombre de Comando Montoneros.
Los militares designaron al general Roberto Marcelo Levingston como reemplazante de Onganía. Cuando lo hicieron Levignston, era un desconocido por la opinión pública e incluso por políticos, se desempeñaba como delegado argentino en la Junta Interamericana de Defensa con sede en los Estados Unidos. Levingston designó como ministro de Economía a Aldo Ferrer, de ideas desarrollistas y como ministro de Trabajo a Alejandro Luco, de origen peronista.
La presidencia de Levignston no pudo superar los enfrentamientos internos de los militares y tampoco los problemas del país. Su breve presidencia fue el puente para que asumiera la presidencia de la Nación el general Alejandro Lanusse, que fue quizás el último de los jefes militares con liderazgo en el Ejército Argentino. Lanusse designó ministro del Interior a Arturo Mor Roig, dirigente radical de prestigio que había sido presidente de la Cámara de Diputados de la Nación hasta el golpe de 1966.
Lanusse convocó al Gran Acuerdo Nacional, designó interventores federales e intendentes a algunos dirigentes neo peronistas, anunció el restablecimiento de la actividad política, abrió el diálogo con los partidos y comenzó a tender puentes con Perón enviando emisarios a Madrid. Pronto esas negociaciones se rompieron y volvió a tensarse la cuerda política.
Perón desafió al gobierno de facto al que llamó tramposo. Lanusse respondió diciendo que a Perón “no le daba el cuero” para regresar a la Argentina. En noviembre de 1972, Perón acompañado de una comitiva de dirigentes y personalidades, llegó a Ezeiza en un vuelo charter procedente de Roma, a donde llegó procedente de Madrid, donde estuvo exiliado desde el año 1960.
A la hora que el avión que traía a Perón al país, después de 18 años de ausencia forzada llegaba a Ezeiza, en Salta los peronistas nos reunimos en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado para seguir las noticias de su arribo. Esa mañana fue muy emocionante, sobre todo cuando Perón bajó por la escalerilla del avión, tocó suelo argentino mientras José Rucci lo protegía de la llovizna con un paraguas.
A partir de ese momento el centro político del país dejó de estar en la Casa Rosada y se trasladó a la casa que ocupó Perón esos días en la calle Gaspar Campos de Vicente López, comprada por el peronismo con apoyo de dirigentes y de sindicatos. La euforia se prolongó durante la estadía de Perón en esa casa. En sus alrededores acampó día y noche una multitud.
Fue entonces cuando Perón convocó a las fuerzas políticas a reunirse en el restaurante “Nino”, donde expuso sus ideas sobre la situación del país y habló de la necesidad de conformar un amplio frente político electoral. En un primer momento ese conglomerado de partidos se llamó “La Hora del Pueblo”, que incluía a la Unión Cívica Radical; luego Frente Cívico de Liberación Nacional (FRECILINA) y, por último Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI)
En el FREJULI no participó el radicalismo liderado por Ricardo Balbín. Lo integraron, el Partido Justicialista, el Movimiento de Integración y Desarrollo de Arturo Frondizi, el Partido Popular Cristiano liderado por José Antonio Allende, el Partido Conservador Popular que dirigía Vicente Solano Lima, partidos provinciales, algunos grupos socialistas y otros sectores.
Este Frente levantó las candidaturas a presidente y vicepresidente de la Nación de Héctor J. Cámpora y del doctor Vicente Solano Lima. Cámpora había sido residente de la Cámara de Diputados de la Nación durante la primera presidencia de Perón y, desde el año 1971, era delegado personal de Perón en la Argentina. Solano Lima era presidente del Partido Conservador Popular y amigo de Perón. El 11 de marzo de 1973, los candidatos del FREJULI obtuvieron el 46,56% de los votos, seguidos por la UCR que logró el 21,29%.
Aunque el FREJULI no superó el 50% exigido por las normas electorales el gobierno de Lanusse, ante esa clara diferencia, reconoció ese triunfo y no hubo necesidad de ballottage o segunda vuelta electoral. Aunque en Salta no se constituyó formalmente el FREJULI y se votó con la boleta del Partido Justicialista, éste contó con aliados en nuestra Provincia. Aquí el triunfo fue más contundente pues con la candidatura Miguel Ragone – Olivio Ríos logramos el 62% de los votos.
En esa misma oportunidad fui electo diputado nacional en primer término por el P.J. Integraban la lista de diputados nacionales, Mario Villada, quien luego renunció a su banca para acompañar a Ragone como ministro de Economía; Julio Mera Figueroa; el dirigente sindical Cabezas; Mario Valeri, de Orán y Matilde Vedia de Gil, que reemplazó a Villada. Como senadores nacionales fueron electos Juan Carlos Cornejo Linares y J. Armando Caro.
Antes de continuar con esta síntesis de los acontecimientos nacionales y de su influencia en Salta, quiero recordar que, a finales de julio de 1971 como parte de lo que se llamó “el fin de las fronteras ideológicas”, se realiza en Salta la entrevista del presidente argentino, general Alejandro Lanusse y de su par chileno, Salvador Allende. Al concluir el encuentro, ambos mandatarios firman el Acuerdo de Salta. En ese documento la Argentina acepta el arbitraje británico en el litigio limítrofe austral y el Tribunal de La Haya queda como instancia apelatoria.
Después que la justicia electoral proclamara los candidatos triunfantes en Salta, me reuní con el doctor Ragone al que, con la mejor intención de colaborar con el gobierno, le dije: “Bueno Miguelito, ahora vamos a ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con quiénes vamos a hacerlo”. Miguel me respondió que no me preocupara por ello pues todo era asunto de su incumbencia. Hasta llegó a decirme: “Sí, vos lo que pretendés es Ragone al gobierno, Falú al poder”, aplicando a nuestro caso el slogan electoral Cámpora al gobierno, Perón al poder. Comprendí entonces que nada tenía yo que hacer respecto a la gestión que iniciaría Ragone al frente del gobierno de Salta. Entonces, me dediqué por entero a mis tareas como diputado nacional.
Quiero recordar que viajamos a Santiago del Estero con el doctor Ragone y mi hijo Edmundo. Fuimos para acompañar al presidente electo Héctor J. Cámpora quien presidió en la capital de esa provincia, el acto de cierre de campaña de Francisco López Bustos, candidato a gobernador de esa provincia por el FREJUI, que compitió entonces con Carlos Arturo Juárez que fue candidato de otro partido.
Allí me entrevisté con Cámpora. La reunión se hizo en el un hotel donde estaban alojados Cámpora, José Ignacio Rucci y otros dirigentes del FREJULI. Durante la conversación estuvieron solo Cámpora y Rucci. Después de conversar sobre la situación de Perón en Madrid y de sus relaciones con el Generalísimo Franco, encaré el tema nacional.
Dije que estaba preocupado porque, después que los argentinos habíamos votado y elegido democráticamente a las autoridades, los grupos armados seguían protagonizado hechos de violencia. El 4 de abril de 1973, a menos de un mes de las elecciones, un grupo de Montoneros asesinó al coronel Héctor Iribarren y el 30 de abril el ERP mató al almirante Hermes Quijada. Critiqué ambos hechos y dije a Cámpora que ahora nada impedía que tales grupos se organizaran como partido político y participaran en la vida política democrática exponiendo sus ideas y sus objetivos.
Cámpora me respondió: “Vea Falú, yo no les voy a pedir que entreguen las armas, pero si estoy dispuesto a ofrecer una tregua de un año”. Rucci guardó silencio y allí terminó la reunión porque ellos tenían que salir al balcón a presidir el acto.
El llamado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) anunció que el ERP no hostigaría al gobierno, pero sí seguiría atacando a los militares, sindicalistas y empresarios que consideraban enemigos. El ERP no incluirá como uno de sus blancos al gobierno de Cámpora, a condición que éste no reprimiera esas acciones.
Señalo particularmente cual fue mi actitud y mi preocupación respecto a la acción de la guerrilla. Pensaba que esos grupos se habían organizado y lanzado a la acción armada para conquistar el poder por medios violentos, influidos por la acción de Fidel Castro que tomó el poder en Cuba por la fuerza e inspirados por la figura del Che Guevara.
Por mi parte creía que esa acción guerrillera no iba a tener apoyo en el pueblo y que tampoco lograría buenos resultados. La verdad es que lanzaron a la lucha armada a muchos miembros de la Juventud Peronista, del ala izquierda, convencidos como estaban esos dirigentes de un posible triunfo de esa revolución socialista, cuyos objetivos y medios de acción, muchos de esos jóvenes no conocían.
Luego de ello llegué a Buenos Aires para incorporarme a mi banca con los más altos propósitos de ejercer una diputación nacional para hacer un trabajo trascendente. Me sentía emulando a grandes figuras que habían pasado por el Congreso de la Nación. Contemplaba, incluso, el extraordinario edificio del Congreso, donde se concentraba una larga historia que, a mi modo de ver, obligaba a una conducta respetuosa a quienes ingresábamos a él.
Intervine en la primera reunión del Bloque del Frente Justicialista, que tenía una amplia mayoría de los diputados que integraban la Cámara. Uno de los primeros temas a tratar fue la Ley de Amnistía cuya aprobación permitiría que recuperaran su libertad cientos de presos, detenidos en cárceles del país, acusados de pertenecer a grupos armados. Esta ley sería un gesto de la democracia para permitir que ellos se incorporaran a la misma.
La sanción de la Ley de Amnistía contaba con el apoyo de gran parte de los diputados, representantes de distintos sectores políticos. Sin embargo, en aquella primera reunión de bloque, un diputado que pertenecía al grupo Montoneros, cuyo nombre no recuerdo, dijo enfáticamente que esos presos tenían que salir en libertad el mismo 25 de mayo, junto con la toma de posesión del presidente Cámpora y sin esperar la sanción y promulgación de esa ley.
Me levanté inmediatamente y dije que esos presos tenían que salir por la vía judicial, con la debida autorización del juez, lo que estaría por los términos de la Ley de Amnistía. Agregué que no era posible, y tampoco conveniente, que se abrieran las cárceles el 25 de mayo, sin esperar la sanción de esa Ley para que esa puesta en libertad se hiciera ordenadamente y dentro de la legalidad.
El joven diputado me respondió airadamente: “Sí ¡pero aquí hemos venido a hacer una revolución¡” Respondí: “Vea compañero, la revolución que quiere el general Perón debe hacerse con más tiempo y con menos sangre. Quien fija los objetivos y los límites de esa revolución es el general Perón. No somos ni usted ni yo”.
Mis preocupaciones y advertencias formuladas al doctor Cámpora en mi conversación con él en Santiago del Estero, parecían comenzar a cumplirse. Durante a noche del mismo día que éste asumió la presidencia de la República -el 25 de mayo de 1973- sea o no por la presión de los Montoneros, se abrieron las puertas de las cárceles para poner el libertad a presos que debían salir por la Ley de Amnistía.
Ese hecho idealizado por los grupos armados como “una jornada histórica”, aparecía a la luz pública como un primer acto de deslegitimación del gobierno constitucional que acababa de asumir y como una desautorización de los tres poderes del Estado. Aquello fue un reto al orden constitucional recién recuperado.
Con esa acción de los grupos armados se desvaneció la posibilidad de incorporarlos para participar democráticamente en la vida política del país. No sólo no eligieron los cauces democráticos sino que ratificaron su decisión de actuar en la clandestinidad como grupos armados.
A raíz de este grave episodio de la apertura de las cárceles, de la ola de ocupaciones de edificios públicos, de medidas de acción directa, al margen de la legalidad y sobre todo de los violentos episodios del 20 de junio de 1973 en los alrededor del Aeropuerto de Ezeiza, donde más de un millón y medio de personas esperaban el regreso de Perón al país, después de 49 días convulsos de gobierno, el presidente Héctor J, Cámpora renunció el 13 de julio de 1973.
Los violentos episodios de Ezeiza impidieron que Perón hablara a la multitud congregada alrededor del palco que fue uno de los epicentros de esos hechos. La gravedad de la situación obligó a que el avión donde viajaba Perón aterrizara en la base militar área de Morón.
La expresión del rostro de Perón era elocuente cuando, horas después, lo fue el mensaje que dirigió al país por radio y televisión donde recordó que llegaba al país como prenda de paz para que la Argentina cerrara sus heridas, pacificara los espíritus e hiciera un cambio en paz. Perón condenó a la violencia sin atenuantes.
Ante la renuncia de Cámpora y la del vicepresidente Vicente Solano Lima, y al no estar cubierto el cargo de presidente del Senado, con carácter interino y para convocar a nuevas elecciones presidenciales en septiembre de ese mismo año, asume la presidencia, Raúl Lastiri, que ejerció ese cargo tres meses.
El 20 de julio, Lastiri convocó a elecciones el 23 de septiembre de 1973, anunciando que quien resultara el electo presidente de la República asumiría el 12 de octubre- Después de un multitudinario acto organizado por la CGT, al que asistió Perón y que incluyó un masivo desfile en el que los gremios demostraron su fuerza, en un acto realizado el 4 de agosto en el Teatro Cervantes se anunció que la fórmula del Frente Justicialista estaría integrada por Perón y por su esposa, María Estela Martínez de Perón.
Participé activamente en esa campaña electoral. Lo hice como delegado electoral del Partido Justicialista en la Provincia de Río Negro, donde mantuve reuniones con dirigentes peronistas y con los de Montoneros, que actuaban al margen de los peronistas ortodoxos.
Recuerdo que durante el acto que convocamos en General Roca para cerrar la campaña en apoyo a Perón, subimos al palco desde el que debían hablar los dirigentes rionegrinos y yo. El comienzo del acto se demoró porque un grupo de manifestantes Montoneros apoyado por sus seguidores, comenzaron a saltar y a gritar impidiendo hablar a los oradores.
Ante eso, los grupos peronistas respondieron con otras consignas. Mis esfuerzos por poner fin a ese enfrentamiento fueron inútiles, por lo que decidimos no realizar el acto. Pese a estas obstrucciones la fórmula Perón-Perón se impuso por amplio margen.
El nombre de Isabel Perón como candidata a vicepresidenta de la Nación, provocó el rechazo de la llamada izquierda peronista que entonces acentuó su reivindicación de Eva Perón, para contraponerla a Isabel. Pese a la oposición de los Montoneros, el FREJULI logró el 61,86%, casi 15 puntos más de los que obtuvo la candidatura de Cámpora en marzo de ese año. En Salta, la fórmula Perón-Perón logró el 73% de los votos.
Dos días después, la alegría de ese categórico triunfo de Perón en las elecciones se transformó en miedo y rabia cuando en una emboscada, el 25 de septiembre, un comando de Montoneros acribilló a balazos al secretario General de la Confederación General del Trabajo, José Ignacio Rucci.
Esa fue la respuesta de Montoneros a la convocatoria a la pacificación que hizo Perón y al masivo apoyo electoral a su candidatura. Con este crimen los Montoneros querían demostrar su poder frente Perón, para obligarlo a “negociar” con ellos.
Mientras tanto la mayoría de los senadores y diputados del Justicialismo, entendíamos que uno de los modos concretos de apoyar a Perón en su tercera presidencia era trabajar desde el Congreso para lograr revertir esta situación. Perón juró su cargo ante la Asamblea Legislativa el 12 de octubre de 1973. La tercera presidencia de Perón duró trece meses: murió al 1 de julio de 1974. De inmediato asumió la presidencia de la República la señora Isabel Martínez de Perón que fue derrocada por el golpe del 24 de marzo de 1976. El 29 de marzo asume como presidente de facto el general Jorge Rafael Videla.
Mi posición y conducta en el Bloque me valió un gran prestigio en el recién constituido Bloque Justicialista y ante las autoridades de la Cámara de Diputados, a cargo de Raúl Lastiri. Mi actuación en el Bloque influyó para que Lastiri me designara para presidir delegaciones de diputados argentinos en el exterior, en el Parlamento Mundial que se realizó en Tokio, en la misión argentina a Libia y, en julio de 1974, a que formara parte de la custodia de honor en el velatorio en el Congreso del teniente general Perón.
Durante mi mandato como diputado, no procuré ningún privilegio ni ventaja personal por ese reconocimiento del señor Lastiri. Tampoco hice ninguna clase de negocio. La misión de la delegación argentina a Libia fue presidida por el ministro José López Rega, en tanto que la vicepresidencia me fue confiada a mí, la que ejercí con responsabilidad y honestidad.
Aunque luego en Salta, algunos dirigentes del sector amarillo, que libraban una lucha interna conmigo, no tuvieron reparos en calumniarme descaradamente atribuyéndome algún negociado con el gobierno de Libia. Lo hicieron fingiendo ignorar que esto es imposible en negociaciones internacionales de este tipo. En aquellas participaron autoridades del Ministerio de Economía, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, del Banco Central y de otros organismos nacionales.
La campaña que se desató contra López Rega en Buenos Aires fue realizada por el sector vinculado a la importación de petróleo que comenzaron a ver que, como resultado de esos acuerdos, se les acabaría el negocio ya que Libia se había comprometido a proveer de petróleo liviano a la Argentina a cambio de envíos de carne de cordero de la Patagonia.
Por ese motivo, a los diarios y a los medios hay que leerlos y escucharlos con mucho cuidado, además de hacerlo con beneficio de inventario porque, las más de las veces, no se ajustan a la verdad y están al servicio de intereses contrarios a los del país. Lo que no les impide entrar en el terreno de la calumnia y de la sospecha, sin guardar la responsabilidad necesaria al momento de trasmitir noticias y comentarios a la sociedad.
Quiero señalar que el tema de la prensa es sumamente delicado ya que no se pueden poner condiciones ni cerrojos al ejercicio de la profesión periodística, porque la libertad de prensa sirve a los intereses de la sociedad. Pero, por ello mismo, esa libertad tiene que ser usada con toda responsabilidad.
Conozco casos en los que publicaciones periodísticas de bajo nivel, en su afán de conseguir raiting, buscan el escándalo deformando los hechos, inventando falsos cargos o lanzando imputaciones delictuales a personas honorables.
El daño que provocan es tan grande que no hay modo de repararlo, aunque tiempo después y tras un proceso judicial, el juez ordena al autor de la calumnia o de la injuria, publicar -las veces que sea- su retractación en el mismo medio en el que la hizo, o en otro órgano. Tengo entendido que la única acción contra tales canallescos desatinos es el juicio por calumnias e injurias que, ahora, se pretende eliminar del Código Penal.
A partir de mayo de 1973, como presidente de la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara de Diputados de la Nación, me dediqué por entero a la cuestión petrolera. El país venía padeciendo la falta de petróleo para cubrir sus necesidades. Si bien el general Perón estimuló con fondos del Tesoro Nacional la actividad de YPF, para que esa empresa lograra el tan ansiado autoabastecimiento, ese objetivo no se logró.
De allí que el presidente Perón buscara fuentes de abastecimiento alternativas. Entre ellas estaba el contrato que iba a celebrarse con Libia y también con la empresa norteamericana California, a la que se autorizaba a explorar y extraer petróleo en una vasta zona del territorio de la Patagonia.
No recuerdo bien por qué motivo, ese año, se me envío nuevamente en misión oficial a Europa. Por medio de la embajada argentina en Londres, me entrevisté con un funcionario del gobierno británico quien, a mi requerimiento, me explicó lo que ellos hicieron en esta materia en el Mar del Norte.
Ese Mar estaba dividido entre Noruega y Gran Bretaña. En la parte que correspondía a Gran Bretaña, como si fuera un tablero de ajedrez, hicieron una división de la superficie. Luego llamaron una licitación para que compañías privadas se hicieran cargo de la exploración y de la extracción de hidrocarburos. El 50% del petróleo se lo llevaban las empresas adjudicatarias y el 50% era para la corona británica.
Regresé a Buenos Aires pensando que no sería descabellado negociar con los ingleses en términos parecidos para proponer que ellos restituyeran las Islas Malvinas a la Argentina, a cambio de que nuestro país concediera la autorización necesaria, por algunos años, para que ellos hicieran exploraciones y extrajeran petróleo en esa zona. En tal caso, sostenía yo, los ingleses se llevarían el 50% del petróleo y el otro 50% quedaría para la Argentina.
Días después, cuando se reunió la Comisión de Energía y Combustible, quise promover una acción ante el Poder Ejecutivo para que éste encarara el tema por vía diplomática. Sin embargo, uno de los diputados radicales que integraban esa Comisión se puso de pie y pronunció un encendido alegato nacionalista contra mi propuesta, asegurando que esta idea no tendría el apoyo necesario.
Pensé entonces en el falso nacionalismo. En eso que alguien llamó “nacionalismo antinacional” o “nacionalismo de medios” que se aferra más a los medios y a los instrumentos que al fin que es satisfacer los intereses del país. Es un nacionalismo que, dogmáticamente, impide toda acción o negociación en la que esté en juego la soberanía nacional, soberanía que no ejercemos en la realidad de los hechos ya que, en el caso de las Islas Malvinas, siempre estuvieron ocupadas por el gobierno de Gran Bretaña.
El diario “La Nación”, en una entrevista al diplomático argentino Carlos Ortiz de Rosas, que fue embajador del gobierno de Perón en Londres. En esa ocasión, Ortiz de Rosas reveló que el general Perón había abierto una negociación con los ingleses tendiente resolver el tema Malvinas, seguramente incluyendo la posibilidad de la explotación de petróleo en la forma que, por mi parte, había expuesto en 1973.
De ese modo, el gobierno argentino resolvería el problema más importante de su política exterior y, además, no gastaría un solo dólar en la prospección petrolera. Por lo demás, si esos trabajos resultaban exitosos, nuestro país tendría el 50% de la producción sin haber invertido, tal cual lo hacía el gobierno británico en el Mar del Norte. Pero el mismo embajador Ortiz de Rosas reconoció que “el diablo metió la cola”: Perón murió el 1 de julio de 1974 con lo cual esas negociaciones quedaron interrumpidas.
Lejos de retomar ese camino negociador, el gobierno de facto impuesto al país en marzo de 1976 no sólo lo abandonó sino que, en abril de 1982, lo cerró totalmente y de modo dramático el entonces presidente de facto, general Leopoldo Galtieri adoptó la desatinada decisión de ocupar por la fuerza las Islas Malvinas, lo que desencadenó la guerra con Gran Bretaña que fue apoyada por sus aliados de la OTAN.
El resultado de aquel descabellado operativo bélico no fue solo el de la derrota militar, la pérdida de vidas humanas, de recursos económicos y de armamento, sino también un duro revés que hizo mayor la distancia entre la Argentina y las Islas Malvinas. Pero esa guerra tuvo un costo más: Inglaterra ocupó todas las islas, extendió la zona de exclusión y quedaron congelados los trabajos de la Comisión Argentino Británica que estudiaba la posibilidad de explorar y explotar petróleo.
La ruptura de las negociaciones con los ingleses fue aprovechada por éstos para convertir a Malvinas en una fortaleza militar. Parece ser que toda nuestra acción se limita, periódicamente, a pronunciar discursos en los foros internacionales reclamando la restitución de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, sin resultado alguno.
Si no me equivoco, la Argentina se retiró voluntariamente de la Comisión Binacional que tenía a su cargo la exploración y explotación de hidrocarburos en aquella región. Los ingleses quedaron solos y ahora tenemos los resultados a la vista. ¿Qué vamos a hacer?
El camino de la guerra está expresamente excluido por el gobierno argentino; al parecer no tenemos ningún contacto diplomático con Gran Bretaña. Sin embargo, en el último comunicado que leí en “La Nación”, los ingleses dijeron que tienen vínculos comunes con la Argentina en muchos temas, que tienen abiertas las puertas para nuevas negociaciones.
Nosotros reclamamos, como siempre, la soberanía sobre las Islas Malvinas, que ellos no admiten. Al parecer no estamos dispuestos a negociar sobre la explotación común de la pesca y de los hidrocarburos.
Ahora me encuentro con el hecho, para mí gravísimo, de que una empresa va a comenzar a perforar un yacimiento de hidrocarburos ubicado por los ingleses mediante un estudio geológico. Ese yacimiento, que se encuentra a 160 millas marinas de las Islas Malvinas, tendría una reserva de 60 mil millones de barriles equivalentes de petróleo.
A mi juicio, solo queda el camino para recuperar nuestra soberanía y en cuyo caso que procederíamos a conceder a los ingleses la explotación de la pesca y de los yacimientos petrolíferos mediante el canon o regalía que se acordara.
Esta fórmula conviene a todos. A la Argentina, porque recuperaría la soberanía; y porque, además, percibiría una renta importante de las riquezas de la región. A los ingleses, porque estarían satisfechos sus objetivos de ganar recursos con el petróleo y la pesca de las Malvinas. Agreguemos a ello que la Argentina no invertiría un solo peso en el nuevo sistema.
Salta, 3 de marzo de 2010
